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EN IMBABURA Y PICHINCHA SE DESARROLLAN ACCIONES PARA GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO AL AGUA

Junto al Vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel

Junto al Vicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel

El sábado 29 de noviembre de 2014, el Vicepresidente de la República, el compañero Jorge Glas Espinel, presidió el acto de suscripción, conjuntamente por parte de los alcaldes de Ibarra, Otavalo, Antonio Ante, Cayambe y Pedro Moncayo (Imbabura y Pichincha), de un pedido al Banco del Estado de un crédito por $ 18,1 millones para desarrollar proyecto regional de agua potable.

Tuve la oportunidad de asistir al evento y compartir con los asistentes. Sin dudas, esto es un paso fundamental para mejorar la calidad de vida de las poblaciones de estos territorios.

El evento tuvo lugar en la cancha de la Liga de San Pablo del cantón Otavalo. Estuvieron presentes el Secretario del Agua, Walter Solís; la gerente general del Banco del Estado, Verónica Gallardo; y los alcaldes de Antonio Ante, Ibarra, Otavalo,  Cayambe y Pedro Moncayo.

De acuerdo con Boletín de Prensa de la SENAGUA, el Proyecto Pesillo se concreta gracias al trabajo conjunto de la Secretaría del Agua, el Banco del Estado, los Gads y Juntas de Agua.

A continuación comparto algunos artículos de nuestra Constitución de la República relacionados con el derecho humano al agua y considerando también al agua como patrimonio nacional estratégico de uso público.

“Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.”

“Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público, dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua.

La gestión del agua será exclusivamente pública o comunitaria. El servicio público de saneamiento, el abastecimiento de agua potable y el riego serán prestados únicamente por personas jurídicas estatales o comunitarias.

El Estado fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo público y comunitario para la prestación de servicios.

El Estado, a través de la autoridad única del agua, será el responsable directo de la planificación y gestión de los recursos hídricos que se destinarán a consumo humano, riego que garantice la soberanía alimentaria, caudal ecológico y actividades productivas, en este orden de prelación. Se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte de los sectores público, privado y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la ley.”

Invitación

Invitación al acto suscrita por Verónica Gallardo, Gerente General del Banco del Estado

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